Derecho de propiedad y desarrollo, por Dani Eugen Caprarin

La propiedad intelectual es clave en el crecimiento, ya que su protección y defensa está muy vinculada al ritmo al que se producen las innovaciones. En el ámbito de la cultura, y en el caso español, la lucha contra la piratería y el intento de defender los derechos de propiedad ha resultado perjudicial para los consumidores que compran grabadoras, escáneres, discos duros portables y, especialmente, discos vírgenes, porque ahora tienen que pagar el que se conoce como canon digital.

 El canon digital lo pagamos por si el material que estamos comprando lo dedicaremos a actividades fraudulentas, en este caso hacer copias ilegales de productos que tienen reservados los derechos de autor. Es decir, se acusa al consumidor de ser delincuentes antes de serlo, o mejor dicho, sin que se tenga ninguna prueba. ¿Y la presunción de inocencia? El artículo 24 de la Constitución Española, en su párrafo 2º, dice lo siguiente: "Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley (...), a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia”. Sin embargo, en vez de presuntos inocentes, el gobierno nos considera, presuntos culpables. Análogamente, podríamos pensar, tal como dice Pedro Antonio Honrubia Hurtado, en un artículo de  enero de 2009, que una persona que compra un arma legalmente debería pasar unos años en la cárcel, por si el uso que le dará al arma no es del todo legal. Desde luego, el cobro del canon no es la mejor opción para la protección de la propiedad intelectual, y el gobierno, junto con los miembros de la SGAE, deberían buscar mejores soluciones. Sobre todo más justas. Por ejemplo, perseguir a aquellas personas que acceden a las páginas de internet de descargas ilegales.

 Tenemos que proteger la propiedad intelectual porque, como bien dice el historiador de la economía Douglass North, uno de los principales factores que explican el inicio de la revolución industrial en Inglaterra fue la creación de las instituciones que iban a permitir garantizar los derechos de propiedad intelectual. Antes de que se garantizaran esos derechos, las personas no tenían suficientes incentivos para innovar, por lo que las innovaciones eran escasas. Esto resulta lógico: si una persona no tiene la seguridad de que podrá recuperar por lo menos lo que haya invertido, y además, algunos beneficios, simplemente no invertirá. Aquí chocamos con el problema del free-rider: todas las empresas esperarían a que otras empresas inventaran nuevos artilugios, y cuando eso ocurriese, simplemente copiarían el invento y obtendrían beneficios sin asumir riesgo alguno ni gastar dinero en la investigación. Sin embargo, si todos esperamos que otros investiguen, es muy probable que muy pocos lo hagan y, de esta manera todos saldremos perjudicados. La solución que se ha dado ha sido la concesión de patentes que garantizan al inventor la posibilidad de ganar dinero. Pero al mismo tiempo, el inventor se convierte en monopolista. De esta manera las empresas se ven incentivadas a invertir en investigación, y la economía empieza a crecer.

Sin embargo, como las empresas se convierten en monopolios, al no tener competencia, las leyes de mercado no pueden actuar y el precio es impuesto por el monopolista, y suele ser un precio bastante alto. Esto se puede convertir en un problema. Veamos un ejemplo. Los recursos que se dedican a desarrollar curas para las enfermedades tropicales son bastantes escasos: entre 1975 y 1997 se patentaron en el mundo 1233 productos farmacéuticos, de los cuales solamente 13 fueron para enfermedades tropicales. Ello a pesar de que la muerte de millones de personas anualmente debido a este tipo de dolencia. ¿Por qué no se invierte más para ayudar a esta población? La respuesta es sencilla: porque no lo pueden pagar. Nos guste o no, la economía no produce aquello que necesitamos, sino aquello que podemos pagar. Sin un laboratorio encontrara la cura de la malaria, recibiría tantas presiones por parte de las organizaciones humanitarias, que acabaría cediendo la patente, y probablemente, se vería en apuros económicos por no poder recuperar la inversión. De esta manera, no se investiga sobre curas para la malaria, pero sí para otros medicamentos, como por ejemplo la Viagra, que no salva vidas pero los que la demandan sí que la pueden pagar. Una posible solución sería la que ha propuesto Michael Kremer, profesor de la Universidad de Harvard, y que consiste en que los gobiernos de los países ricos se comprometieran a comprar vacunas (a precios de mercado) a los laboratorios, y donárselas a los países pobres. 

En definitiva, es necesaria la protección de los derechos de propiedad para que exista desarrollo económico y progreso de la sociedad, pero también es preciso que dicha protección sea lo más justa posible.